En los últimos tiempos aparecieron noticias periodísticas relacionadas a políticas de estado referidas a modernización y digitalización del sistema registral del automotor, junto con supuestas disputas de los fondos que permiten su funcionamiento y a cuestionamientos de todo tipo hacia nuestra actividad. Nada tiene que ver unas cuestiones con otras y resulta sumamente cuestionable que se las presente a la opinión pública como relacionadas.
El sistema registral del automotor, como buena parte del aparato administrativo del Estado, necesitaba de una modernización que lo devolviera a los lugares de vanguardia en la materia que supo merecer. Ese proceso debía abarcar no sólo el aspecto tecnológico sino también el normativo, la estructura y administración de los convenios de complementación, las gestiones de cobro y rendición, entre otros.
Todo ese plan de modernización ya se puso en marcha y está notablemente avanzado.
El sistema de turnos, los trámites solicitados y tramitados on line, el pago electrónico, la eliminación del soporte papel en muchas peticiones, la sustancial mejora en los locales de atención, los numerosos cursos de capacitación para personal y encargados son acabada muestra de ello. La digitalización de documentación y la firma digital pueden ser nuevos avances en la materia.
Dicho esto, debemos señalar que resulta peligroso confundir modernización con automatización. La eliminación del factor humano se acerca más a un experimento científico que a la búsqueda de las mejores soluciones para la gestión del Estado.
Es bueno facilitar la vinculación de administrado y administración sin necesidad de la concurrencia física, pero también resulta importante mantener la existencia de las oficinas registrales donde el usuario concurre no solo a realizar un trámite, sino a buscar el asesoramiento profesional para resguardar su patrimonio en debida forma.
En los lugares en los que no hay internet, o cajeros automáticos, o un escribano, o juzgados, seguramente hay un Encargado que aconseja cómo vender o comprar un automotor, cómo instrumentar una prenda, cómo resguardar la responsabilidad del titular. Es un error suponer que todo lo bueno del sistema se puede mantener eliminando las oficinas registrales. No puede haber seguridad jurídica ni calidad en el resultado eliminando la función calificadora del Encargado, que consiste justamente en el control de legalidad de la petición.
Las nuevas tecnologías deben ser las herramientas que el Estado ponga a disposición de los administrados y los funcionarios públicos para que estos últimos puedan brindar un servicio de calidad, manteniendo los altos estándares de seguridad que lo han distinguido desde su nacimiento. Olvidar esto puede llevar a la destrucción de un sistema registral que ha sido, en sí mismo y por su concepción descentralizada, un acto de enorme modernización para su época.
ÁLVARO GONZÁLEZ QUINTANA
Presidente de AAERPA
