Estamos siendo protagonistas a pasos acelerados de la transformación de una sociedad postindustrial, eje principal y motor de grandes innovaciones, a una sociedad del conocimiento y de la información donde las estructuras propias de aquella sociedad deben adaptarse, reinventarse y dar paso a un nuevo paradigma en el cual surgen otros actores e instituciones. Esta transformación digital ejerce una influencia transversal en todas las actividades de la sociedad y conlleva desafíos que van más allá de lo tecnológico y de innovaciones aisladas. Se trata de una verdadera revolución cultural y social que impacta en todos los aspectos de nuestra vida personal y profesional en forma compleja no sólo por los cambios que conlleva sino por la velocidad exponencial que la caracteriza.
Un 63,5 % de la población mundial es usuaria de Internet y en un alto porcentaje a través de celulares. Es un indicador del alto grado de modificación de los hábitos de consumo, entretenimiento, acceso a la información y servicios públicos, banca, justicia, noticias, salud, socialización, trabajo, educación y más ámbitos generando grandes cambios y provocando efectos de gran impacto en el desarrollo de las políticas públicas, los modelos de negocios, la economía, entre otros.
El informe que a continuación se exhibe nos muestra la penetración de Internet a nivel mundial, aunque también se visualiza una profunda disparidad de conectividad afectando regiones enteras en el acceso a la información y al conocimiento. A pesar de ello, es preciso señalar que cualquier accionar en pos de captar y fidelizar usuarios, consumidores y ciudadanos, así como incrementar los activos de una empresa, profundizar la relación gobierno y administrados y generar una mayor digitalización no puede prescindirse del uso de las plataformas, aplicaciones y todo el potencial que ofrece Internet.
El Estado concebido como el desarrollo político de una nación que mediante un conjunto de instituciones opera en beneficio del interés general no puede estar ajeno a este nuevo escenario tecnológico. Por esa razón, surge una nueva agenda donde las políticas digitales ocupan un papel central por su relevancia y por la necesidad de que las mismas sean inclusivas para que todos los sectores puedan verse beneficiados por la innovación.
Un Estado digital, innovador y transparente constituye el primer punto de esta agenda. No sólo el Estado debe incorporarse a la sociedad de la información y del conocimiento sino que debe hacerlo para brindar un mejor servicio a sus administrados implementando políticas inclusivas y equitativas para reducir la brecha digital provocada por cuestiones culturales, económicas, geográficas, educativas y técnicas.
A continuación, se señala una infografía del 1er trimestre 2022 del ENACON (Ente Nacional de Telecomunicaciones) donde se ve en el mapa de nuestro país regiones con un porcentaje alto de conectividad y acceso a Internet (azul más oscuro) y otras con bajo porcentaje. Educación digital, capacitación, concientización, inversión en infraestructura de redes y comunicación son algunos de los programas para la estrategia digital que el Estado debe implementar a los efectos de llevar los beneficios de esta transformación a todos los sectores.
Por otra parte, al Estado le compete impulsar la incorporación de nuevas tecnologías que le permitan agilizar los procesos y trámites administrativos generando un espacio de interactividad con la población que redunda en una administración más eficaz y transparente.
Un uso eficaz e integral de las herramientas y soluciones tecnológicas redundará en mayores beneficios promoviendo una gestión basada en evidencia y cumplimentando con las normativas de acceso a la información, protección de la privacidad y de los datos personales, seguridad de la información, entre otras dando lugar a lo que se denomina “compliance digital”.
Se trata de un programa de cumplimiento específico que los estados y las empresas deben tener en cuenta en su proceso de transformación digital a efectos de establecer procesos y normativas internas que le permitan una eficaz y correcta gestión de los riesgos tecnológicos, de los incidentes, de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, la confidencialidad de la información y otros.
Otro punto en la nueva agenda del Estado es asegurar a la población el acceso a los datos digitales los cuales deberá ser tratados con características técnicas y jurídicas determinadas para su uso, re utilización y redistribución libre por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. En la nueva gestión pública, se habla de datos abiertos que son aquellos disponibles, oportunos y exhaustivos ,accesibles y utilizables, comparables e interoperables que permiten la gobernanza y la participación ciudadana .
Argentina ha adherido a la Carta Internacional de Datos Abiertos cuyo preámbulo manifiesta que la construcción de sociedades más interconectadas y que satisfagan las necesidades de los ciudadanos requiere de la apertura de datos en tanto se asegura la
participación cívica en la formación de las políticas públicas y la rendición de cuentas de los gobiernos.
El resguardo de la privacidad y la protección de los datos personales es otro punto relevante en la agenda digital del Estado. La recopilación y tratamiento de datos de esta índole deben tener como eje tres principios fundamentales: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La adopción de las buenas prácticas internacionales y el cumplimiento de la normativa local y regional en la recolección, procesamiento, controles de acceso y gestión de la información en la cesión y transferencia de datos personales hacen al cumplimiento. Además. deberán implementarse suficientes medidas de seguridad tecnológica y organizativa que permitan la minimización de los riesgos de vulnerabilidad.
Todos los días observamos tanto a nivel internacional como nacional, incidentes de acceso ilegítimo a bancos de datos públicos y privados con los consiguientes efectos dañosos de difícil cuantificación. Sin duda, los datos hoy se han transformado en el activo más valioso de una organización y cualquier siniestralidad no sólo incide en su vida misma sino que repercute en la confianza de los usuarios y de los ciudadanos. La ciberseguridad es otro punto determinante en los programas y estrategias.
Concluyendo: La nueva agenda digital del Estado representa un gran desafío porque tiene como propósito expandir los beneficios de la transformación tecnológica a la mayor cantidad de la población
salvaguardando los derechos de los consumidores y usuarios, de los trabajadores, de los ciudadanos y de la sociedad toda. Urge el desarrollo de nuevas capacidades, el diseño de nuevas herramientas y mecanismos, el análisis de datos para la toma de decisiones basada en evidencia y una gran inversión en educación para que el derecho humano de acceso a Internet proclamado por las Naciones Unidas sea una realidad.
(*) Abogada especialista en Derecho y Tecnología, Magister en Administración Pública (UBA), miembro del Consejo Asesor de la Diplomatura en Transformación Digital, Estado y Derecho 4.0 de FU CER, docente invitada AAERPA
