Describiendo luces y sombras en la búsqueda de su continuidad y fortalecimiento.
Desde hace poco menos de un año, concretamente desde la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, distintas áreas de la administración pública nacional, experimentaron vertiginosos cambios, algunos de ellos tan radicales que significaron la supresión de organismos y servicios públicos de arraigada trayectoria. En ese marco, el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor estuvo y está siendo objeto de un brusco proceso de rediseño, y la característica principal de estos cambios (el vértigo) lo mantiene en una tensión constante entre una serie de normas voluntaristas, pero apresuradas y sin fundamentos claros, y la inacción que provoca el desarme de todo lo que efectivamente funciona.
Es indudable que nuestro Régimen Jurídico del Automotor revivió una novedosa simbiosis que combina la centralidad de una dependencia pública con unidades operativas de gestión privada desplegadas en cada región del país. Esta fusión de potencias logró hasta el año pasado una serie de beneficios evidentes, demostrables en la facilidad de comercialización y la virtual inexistencia de disputas de propiedad. Pero también es cierto que en las últimas décadas, se consolidó una imagen muy negativa de los registros, con la que convivimos amparados, entre otros motivos, en que dentro de los sistemas registrales, éramos por lejos los más eficientes. Entre las causas de este malestar popular, probablemente habrá algunos errores de comunicación, otros productos de la lucha de intereses y algún que otro error propio.
Cuando me propuse participar de este Congreso, más allá de la necesidad siempre vigente de formular ponencias sobre temas concretos, me pareció oportuno en este momento que vive el país entero y nuestro sector, proponer un ejercicio general que habilite una mirada hacia el interior del sistema registral, promoviendo preguntas y buscando cosechar algunas soluciones sobre nuestro régimen. El pálpito sobre el futuro siempre requiere una mirada al pasado.
En definitiva, con el fin identificar y sostener lo que convengamos como un logro de nuestra actividad, y revertir los aspectos que desde el ámbito interno, la administración, o desde el público usuario se consideran disvaliosos, propongo hacer una retrospección.
Y acorde a los tiempos que corren, ya que estamos en la era donde reina la información y sus procesos son los que se desarrollan con más rapidez, me pareció significativa la posibilidad de aplicar a nuestro campo una de esas nuevas metodologías, como es el llamado “scrum retrospectivo”, una herramienta del sistema “Agile”.
En el mundo de las tecnológicas, el Manifiesto “ágil” es utilizado por las grandes compañías en su administración operativa, promoviendo principios de priorizar al cliente, adaptación a los cambios, trabajo en equipo, atención continua a la excelencia técnica, simplicidad, auto-organización etc.
Específicamente en cuanto el “scrum retrospectivo”, es una práctica usualmente implementada entre dos etapas de trabajo, en la cual los miembros del equipo dedican un tiempo en grupo para reflexionar, en primer lugar, sobre cuál fue el resultado de las decisiones tomadas en la etapa superada, y en caso de que hayan sido efectivas, reasegurar el compromiso con esas directrices.
Explicado básicamente, la práctica consiste en que los responsables y colaboradores se hagan las siguientes preguntas:
¿Qué cosas salieron bien?
¿Cuáles se pueden mejorar?
y ¿Qué es lo que ha fallado?
Como dije en un principio, atendiendo al carácter mixto de nuestra actividad público-privada, podemos hacer una crítica general con proposiciones a la gestión estatal, y otra mirada interna dividida entre nuestro gerenciamiento en cada seccional por un lado, y a la respuesta institucional por otro. Muchos de estos temas fueron tratados en forma extensa por otros ponentes, así que podemos aprovechar ese contenido.
Queda hecha la invitación a los colegas y a nuestra institución a crear y darle forma a este ámbito retrospectivo. Por mi parte voy a aprovechar este momento y compartir desde mi punto de vista algunas conjeturas, a modo de principio, y sobre los que espero contar con sus agregados y comentarios.
A la primera pregunta, ¿Qué cosas salieron bien? Tengo para contestar.
Tomando como eje principal del sistema al valor seguridad jurídica, podemos coincidir en que el RJA tuvo éxito en brindar a la sociedad un sistema eficiente: lo demuestra su pacífica trayectoria y la escasa cantidad de autos mellizos o delitos relacionados con automotores convalidados por la registración. Los pocos fraudes que llegaron a las mesas de entradas fueron detectados y denunciados, y si por error alguno traspasó el filtro de control, el Encargado respondió en forma personal.
La responsabilidad personal del Encargado fue otro acierto: deslindó al Estado de todo tipo de reclamos, sea gremiales, laborales, por daños y perjuicios, mala praxis, dolo, etc. En un universo de millones de trámites anuales, miles de profesionales y empleados involucrados, es destacable que la práctica registradora tenga incidencia nula en la responsabilidad estatal.
Por otro lado, el sistema entero no sólo tuvo costo “cero” para las arcas públicas, sino que fue una fuente de financiamiento para el Ministerio de Justicia.
La eficacia, es otro valor indubitable. Desde su creación, el RJA brindó al público usuario un pronto despacho. Es difícil conseguir que otras áreas de la administración, incluso en el ámbito privado, resuelvan cualquier tipo de trámite en menos de 48 hs. La agilidad en la respuesta, sumada a la certeza de los datos (fe pública) facilitaron el comercio de bienes y la posibilidad de financiamiento a través de créditos prendarios, y abarataron el costo de seguros del automotor.
El concepto de ventanilla única: permitió concentrar en una sola oficina trámites que el usuario en otros tiempos debía realizar ante varios organismos, con la consecuente pérdida de tiempo y dinero.
La adaptación de los seccionales: son unidades flexibles tanto a las políticas públicas de control y servicio (fondos de incentivo, ceta, uif, firma digital, antecedentes personales) como a las necesidades particulares propias de las localidades de su jurisdicción.
La cédula autorizado a conducir: es un servicio paradigmático del sistema, que combina la garantía de seguridad jurídica, con la practicidad, facilidad, bajo costo. El hecho de que su expedición fuese opcional, y la cantidad de cédulas otorgadas, demuestra por sí sola su conveniencia para el público, resultando además un método sencillo de control de legalidad en la calle y de descubrimiento de los verdaderos usuarios en las investigaciones fiscales en el ámbito penal.
En cuanto a lo institucional, es destacable la participación de nuestros colegas representantes en el tribunal evaluador de los concursantes, y el progreso del desarrollo académico en esta última década, generando doctrina o formando a los actores del sistema.
A la pregunta ¿Cuáles procesos se pueden mejorar?
Una primera aspiración es el desarrollo tecnológico: resulta necesario impulsar un cambio en la metodología en todas las áreas para volverlas más simples y eficaces, tanto para el público como para los registradores. Es una tarea que le corresponde al sector público, que desde que implementó el sistema SURA tiene la obligación de brindar herramientas técnicas confiables. Tuvimos la experiencia de estar a la vanguardia en la administración, y contamos con buenas herramientas como el certificado de fabricación o importación, oficios judiciales, libros de autoridades y quejas, proceso de trámites y su seguimiento, todo ello enteramente digital. Es momento de darle una vuelta superadora al sistema uniendo todos estos importantes en una interfaz sencilla.
Libertad de opción de vía del usuario: de la mano del desarrollo tecnológico y los trámites virtuales, debiera sostenerse como virtuosa la convivencia con los trámites presenciales, para que el usuario pueda elegir libremente entre un medio remoto o presencial, de acuerdo a sus posibilidades y su preferencia. Por ejemplo, es sin dudas más seguro y rápido que un mandatario o el mismo titular retire las placas de su okm en el día o al día siguiente de peticionado el trámite, que recibirlas por correo, con la demora y la incertidumbre que ello genera.
En ese mismo sentido, también el concepto de ventanilla única podría continuar aplicando el carácter optativo, con la posibilidad de brindar al público un servicio adicional al meramente registratorio, y la oportunidad de resolver en un único momento y lugar, requerimientos de diferentes organismos.
En cuanto a las jurisdicciones basadas en polígonos, eliminarlas sin más sería caer en el salto al vacío que explicamos en el principio. Sin duda hay soluciones alternativas, como habilitar la “libre competencia” entre registros de una misma localidad, a fin de no concentrar en los grandes centros urbanos un conglomerado de trámites, en desmedro de regiones, ciudades o pueblos con menos desarrollo comercial o sin presencia de comercializadores de vehículos.
La atención al público debe estar puesta en foco por el Encargado, facilitando soluciones, canales de comunicación, información clara y precisa.
Los concursos para cubrir cargos de Encargados podrían tener más publicidad, tanto en su convocatoria, su procedimiento y sus resultados.
La comunicación entre la DNRPA y la AAERPA debería ser fluida y permanente ya que ambas agrupan a los profesionales más destacados. Ambos forman el Registro del Automotor, y no existe este sin alguna de estas dos partes imprescindibles. Podrían explorarse propuestas de acercamiento como, por ejemplo, una rotación de Encargados por la DN (uno por día) para conocer su funcionamiento y su personal; tener una representación agregada permanente o un canal específico para situaciones generales de inconvenientes o dudas que afecten a todos los registros.
Si en cambio la DNRPA continúa teniendo una presencia difusa (aún hoy no se ha nombrado a su autoridad máxima), y la AAERPA no puede participar de la conformación de agendas, debería al menos tomar la posta sobre la comunicación al público (como lo viene haciendo los últimos meses). A estas alturas, ya se habrán tratado en el Congreso impresiones sobre actualizaciones del rol de la Asociación, sin dejar de tener presente que mayor actividad implica mayores recursos, tanto económicos como participación de los asociados.
Por último ¿Qué es lo que ha fallado?
Como empezamos esta exhortación, la hibridez del sistema, aunque aporta condiciones beneficiosas de las que otros servicios carecen, no tuvo una integración completa como un órgano responsable unificado de comunicación, por un lado, y de reporte de aciertos y errores. Nadie desconoce el rol de la DNRPA como superior jerárquico, pero sin un intercambio verdadero con la experiencia de los Seccionales, su trabajo corre el riesgo de quedar a mitad de camino, entre el voluntarismo y las necesidades reales de la gente. Normas confusas o que llegan tarde, falta de insumos o con materiales defectuosos, una proyección constante de desarrollo tecnológico confiable, son carencias de las que los Seccionales somos parte damnificada, quedando rehenes en medio de la inacción estatal y el reclamo de los usuarios.
Los logros del sistema (recopilados en las respuestas a la primer pregunta) no han sido eficientemente comunicados al público, y los errores o desventajas del RJA, cuando fueron expuestos en los medios, no tuvieron un abordaje positivo desde los responsables técnicos y políticos. No existieron campañas masivas de promoción (por ejemplo, de la conveniencia de pedir un informe de dominio, verificar o registrar la denuncia de venta) más allá de los televisores o carteles dentro de los seccionales. En la era de la información, desconocer el valor protector de la seguridad registral desequilibra la balanza costo-beneficio del sistema.
El carácter obligatorio del pago de sellados, patentes e infracciones (y eventualmente otros impuestos excepcionales). En la exigencia de registración, y en la capacidad de los Seccionales, los organismos fiscales alimentaron su interés recaudatorio, asfixiando económicamente cada vez más al contribuyente, que al momento de abonar no reparte las culpas como tampoco el dinero que gasta.
También en esta misma línea, se desvirtuó el concepto de “tasa” de servicio de los aranceles registrales, al funcionar estos como modo de financiamiento del Ministerio de Justicia y otros organismos, que debieran sostenerse con sus presupuestos propios.
La jurisdicción fija y por polígonos, por un lado permitió la existencia de registros sobredimensionados, y su contracara eran mostradores desbordados y la espera en turnos interminables, la falta de atención telefónica o personal del Encargado en la mesa de entradas, debido al cúmulo de trabajo. Como quedó dicho, la liberación total probablemente tampoco sea la respuesta, ya que pone en riesgo a los usuarios y seccionales de localidades donde no hay concesionarias y favorecerá la concentración en las grandes urbes. Debería avanzarse en un sistema mixto que asegure la supervivencia de registros chicos y medianos, o alejados de los centros urbanos, y que faciliten el acceso a todos los usuarios.
En cuanto a la figura del Encargado (sobre todo a los profesionales con cargos concursados, frente a los interventores) se demostró la vulnerabilidad de su figura frente a las decisiones de la administración pública, la fragilidad en la discrecionalidad del manejo de ingresos, y la ausencia de una política a largo plazo, consensuada y con fundamento en la realidad.
Institucionalmente la falta de una asociación con funciones “gremiales” tampoco permitió responder a los nuevos desafíos. Nada de ello había sido puesto a prueba por lo que al no sufrir en el pasado esas necesidades, cuando aparecieron tampoco tuvimos las capacidades correspondientes.
Para concluir: más allá de estos tópicos tratados, este ejercicio basado en una herramienta del sector tecnológico tan preciado en la actualidad, aplicado a nuestro sistema, permite buscar las respuestas para que este equipo que conformamos los registradores, podamos reconocer y continuar con las gestiones que efectivamente generan resultados, identificar las áreas donde se pueden mejorar los procesos, y crear un plan para que aquello que fracasó, no vuelva a suceder.
En el interior me sigue viva una imagen, en la que nos veo hasta hace poco sentados en el piso, después de que pasó un tornado, mirándonos unos a otros y preguntándonos ¿de dónde salió? ¿cómo pudo pasar esto? El camino a transitar ahora es volver a presentar como valioso lo que hemos hecho bien, reconstruir lo dañado y contribuir a un nuevo y mejorado servicio, y para eso es necesario continuar con el esfuerzo: aspirar al diálogo, concertar, persuadir y proponer puentes entre la visión que las conducciones tienen del sistema, las necesidades de los usuarios y los modos de satisfacerlas, sobre los cuales siempre seremos sin dudas una voz calificada, para el bien de todas las partes. Queda compartida con ustedes entonces, esta propuesta de reflexión.
