En los últimos meses, el sistema registral del automotor en general y los Encargados de Registro en especial, hemos sido objeto de un ataque inusitado. Esta campaña nos ha obligado a poner nuestro empeño y preocupaciones en defender el sistema en general y nuestro trabajo y el futuro de más de diez mil familias. Si logramos elevar la mirada de la pequeña batalla diaria y mirar con perspectiva y sin pasiones urgentes, podremos vislumbrar que se trata de un fenómeno interesante de analizar por la tormenta perfecta que lo impulsa. Se han aunado para llegar a esta instancia (para nada definitiva) los prejuicios, las anteojeras ideológicas, la desinformación, la desidia profesional y el interés particular sobre el general, cruzados además por una serie de contradicciones en las soluciones pensadas Estas, llamemos “distorsiones de la realidad” se perciben en tres frentes distintos: El poder ejecutivo a través del DNU 70/2023 y el proyecto de ley ómnibus, el, poder legislativo en alguno de los proyectos de ley impulsados y la prensa en general en sus versiones oral, escrita y televisiva. Estos son factores externos al sistema, que también tiene sus responsabilidades y será útil señalarlas para intentar corregirlas.
Resulta claro a nuestros ojos que los prejuicios sobre nuestro sistema han llevado a la idea de que resulta necesaria una reforma integral de la registración, eliminando algunas de sus mejores características como son la gestión privada (se propone que todo el sistema se concentre en la Dirección Nacional del automotor) la intervención de los Encargados y sus colaboradores en la calificación registral, su condición de organismo federal, la característica de “ventanilla única”.
Esos mismos prejuicios junto con la desinformación, hacen que se piense a la digitalización como un gran avance, sin reparar que esa digitalización ya es un hecho (más adelante veremos el tema): han llevado a una diputada nacional a sostener que los Encargados retenemos por nuestra tarea el 80% de la recaudación, cuando está claro que es entre el 10 y el 15 %; que el sistema registral del automotor fue creado para “la financiación de la política” cuando a poco que se intente averiguar -no ya estudiar a fondo la materia- se advierte que el sistema de gestión privada de una actividad estatal tiene su origen en los registros de prenda agraria de la Ley 9644 y su decreto reglamentario de 1914. Cuesta imaginar que en un período presidencial donde se dicta la ley del voto secreto, universal y obligatorio se dicten normas pensadas para financiar a “la casta”. Hubiera sido útil que conocieran la historia de algunos pioneros como el Dr. Francisco Iturraspe o la Escribana Graciela Ortiz entre tantos, a los que les pidieron por favor que asumieran el cargo cuando nadie quería hacerlo.
Interesante resulta también ver cómo la conjunción de los prejuicios, la desinformación y la anteojera política producen garrafales errores y contradicciones fatales. La citada diputada ha sostenido que los registros realizamos una perniciosa intermediación. No aclara entre qué términos intermediamos, pero puede sospecharse que se refiere a que intermediamos, por ejemplo, entre comprador y vendedor de un automotor. Es curioso porque en pocos lugares como en el registro automotor el Estado está presente directamente ante los usuarios-administrados. Y más curioso se torna que no se analice del mismo modo lo que ocurre con la registración de los inmuebles donde efectivamente existe una intermediación (que me apuro a señalar como beneficiosa) por parte de las empresas inmobiliarias y los escribanos entre el propietario y la registración de su derecho. Entonces la anteojera política que lleva a sostener que cualquier intervención del estado en la vida pública es perniciosa, los impulsa a eliminar el actual sistema para incorporarlo al Estado que denostan. Olvidan que la cruzada principal del actual gobierno es bajar el gasto público y disminuir hasta su mínima expresión al Estado y entonces incorporan en el gasto del estado la gestión, hasta ahora privada y necesariamente a los agentes estatales que la llevarán a cabo. Inexplicables contradicciones.
La desinformación lleva también a proponer como meta a alcanzar el sistema de registración de automotores de los EE.UU. de Norteamérica sin reparar en que dicho sistema no se ocupa en lo central del derecho real de dominio sobre el automotor, su nacimiento, protección y transferencia sino que su fin es centralmente fiscal. Pero además comparte muchas de las características que se critican en el nuestro ya que es oneroso, presencial y emite documentación en papel.
Muchos medios periodísticos (no todos) han actuado, al menos, con desidia profesional repitiendo sin investigación ninguna lo que los detractores del sistema querían difundir. No tuvieron ningún interés en conocer el punto de vista de quienes realmente conocemos del tema. En muchos casos, entre sonrisas burlonas y comentarios despectivos jugaron con la honra, el trabajo y el sustento de miles de personas.
Por último, creo que en muchos casos ha primado el interés particular sobre el general. Está claro que no resulta posible indagar en la conciencia de cada actor para conocer sus motivaciones. Pero resulta difícil imaginar que, pensando en el interés general, se proponga tan enorme daño en un sistema asentado y eficiente.
Este es un breve análisis de cómo se llegó a las propuestas de modificación del sistema. ¿Qué podemos decir de las modificaciones en sí? La primera propuesta es que el sistema sea “digital” y “centralizado”. Esto tiene un significado muy amplio, pero en lo básico diremos que ya todos los datos del sistema registral automotor están digitalizados. Las bases que contienen los datos referidos al dominio, sus titulares, mutaciones, medidas cautelares etc. son digitales y se encuentran centralizadas en los servidores del Ministerio de Justicia. Es decir hay un registro centralizado y digital. Desde siempre, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor tuvo a su cargo el “Registro Nacional de la Propiedad del Automotor” (Decreto-ley 6582/58, art. 7°). También la documentación de respaldo (solicitudes tipo) es digitalizada por los Seccionales y guardada en ese formato. Nada hay para cambiar en ese sentido. Por otro lado, con la incorporación de las Inscripciones Iniciales digitales y la Prenda Digital, la totalidad de los trámites puede ser peticionado a través de los sistemas informáticos provistos por la Dirección Nacional.
También se ha sostenido que el sistema es “caro” sin detenerse a analizar la estructura de costos subsumidos bajo ese concepto. El valor total se halla compuesto por los aranceles registrales en sí, por el costo de los elementos y por los impuestos que gravan cada operación. Estos últimos representan aproximadamente el 70% de ese costo. Es decir que la porción “atacable” por una norma nacional es tan sólo del 30%. Reducir esos valores puede resultar en un grave desfinanciamiento del Ministerio de Justicia. La eliminación de los Registros Seccionales difícilmente pueda resultar en un ahorro ya que no resulta razonable suponer que el Estado podrá hacer la misma tarea con menor costo. ¿Quizás se está pensando no en el Estado sino en otro “particular”?
Hay que destacar que, en todo el espectro de críticas, nadie ha dicho que el sistema es ineficiente. Justamente porque en ese aspecto no hay crítica posible. El sistema de turnos ha ordenado la asistencia a los Seccionales. Los trámites se inscriben en 24hs. La litigiosidad respecto del derecho real sobre los automotores es prácticamente cero. La industria automotriz comercializa buena parte de su producción con financiamiento gracias a la seguridad que brinda el Registro en las inscripciones de prendas. El título del automotor se entrega en formato digital y se actualiza con la inscripción de aquellos trámites que modifiquen el dominio. Las cédulas, ya sean de identificación o de autorizado a conducir, se incorporan a la aplicación “Mi Argentina” y son válidas para exhibir ante las autoridades de control. ¿Que no haya litigiosidad, que el crédito fluya, que los titulares puedan usar y gozar de su propiedad sin cortapisa es casualidad o producto de la digitalización? Está claro que no. Todo esto es producto de un trabajo profesional, de profesionales especialmente preparados para la tarea. El complejo entramado por el que se resuelve la inscripción u observación de un trámite necesita del análisis de normas de derecho civil, comercial, administrativo, penal, analizados además a través de las normas técnico-registrales. La experiencia y la capacitación a través del tiempo son centrales en la preparación de los funcionarios a cargo de los Seccionales. Que además llegan al cargo con un título universitario habilitante y luego de un concurso que permite seleccionar a aquellos que están mejor preparados para la función. Arribado al cargo, el Encargado es responsable ante el Estado por los daños que pueda causar en ejercicio de su función y además debe contratar un seguro que garantice la integridad del dinero recaudado y la reparación de los daños que genere. La existencia del Registro Seccional otorga a los particulares la posibilidad de asesorarse sobre los trámites a realizar, sus requisitos y los modos de garantizar su derecho. En este aspecto es central la tarea de la certificación de firmas estampadas en el Seccional. Ante todo porque se puede hacer en forma simultánea con la presentación del trámite, pero además le otorga al funcionario la posibilidad de evaluar en forma directa el discernimiento, la intención y la voluntad del acto cuya registración se peticiona. Difícil imaginar un esquema que sea mejor y más seguro para el Estado y los particulares. La idea entonces de que lo mejor es poder hacer todo “on-line”, que no existan oficinas donde el particular pueda asistir si no quiere o puede hacerlo en forma remota, que la calificación e inscripción de los trámites lo puede hacer un sistema informático, por más sofisticado que sea es, al menos, un error monumental.
Capítulo especial para la recaudación que realizan los Registros para las provincias y municipios. El primer dato es que todo el trabajo de control, percepción y depósito de las sumas recaudadas se hace con recursos propios de los seccionales. Esto ha llevado a la evasión del impuesto de sellos a cero, cuando antes muchas jurisdicciones tenían enormes dificultades para el control, agregado a que debían aplicar recursos propios para la liquidación y percepción. En muchos casos la ecuación económica era negativa. Mucho más notable es ese efecto en las infracciones de tránsito, en muchos casos de jurisdicción municipal. En este rubro se debe anotar y no es un tema menor, el aporte que este estricto control hace a la seguridad en el tránsito ya que todo conductor sabe que si comete una infracción tarde o temprano le deberá pagar. Toda esta tarea la realizan por lo general colaboradores del Encargado, altamente capacitados para la tarea. En cada seccional hay al menos una persona que se ocupa de la liquidación del impuesto a la radicación y que debe conocer los sistemas impositivos de la mayoría de las provincias. Sin dudas una tarea difícil de reemplazar.
Es de destacar que toda la campaña destinada a la reforma analizada ha contado con la aprobación de buena parte de la sociedad. Es importante analizar el porqué de este rechazo al sistema, que nosotros vemos como eficiente, ya que algún grado de responsabilidad debe tener el propio sistema. La primera aproximación es que la sociedad argentina tiene un rechazo natural a lo que genéricamente denomina “burocracia estatal”. Pero esto solo no lo explica. Desde hace muchos años los trámites del Registro Automotor han sido tomados como el epítome de la burocracia excesiva e inútil. Los memoriosos (y añosos…) recordarán el sketch televisivo que los ridiculizaba en la forma del permiso para plantar un árbol. La génesis de esa crítica no podía ser más real: el Registro Automotor de la Capital Federal (Registro N° 1) que estaba directamente a cargo de la Dirección Nacional era exasperantemente lento e incapaz de dar un servicio medianamente aceptable. Los trámites tardaban meses y era prácticamente imposible hacerlos sin un “gestor” que los llevara. Esto no era culpa de los agentes que llevaban a cabo las tareas sino de la concentración de trámites y en todo caso la falta de recursos. Pero, ¿era así en todo el país? De ninguna manera, en el interior del país los Seccionales, a cargo de un Encargado como ahora, eran eficientes y cumplían con las inscripciones en tiempo y forma, en la medida que no dependieran del “Registro Central” para ello. Párrafo aparte para la enorme tarea que llevaron adelante estos verdaderos pioneros, que debía arreglarse con las escasas comunicaciones e instrucciones que recibían desde la Capital Federal. Pero claro, ese inevitable centralismo que todavía padecemos hizo que lo que era realidad tan sólo en la Capital, se convirtiera en LA realidad de todo el país. La comunidad no recibió al nuevo sistema con beneplácito. No lo vio como una mejora en la protección de sus derechos sino como un obstáculo más que ponía el Estado en su camino. E hizo lo que todos tratamos de hacer con los obstáculos: lo eludió en la medida que pudo. Los autos seguían pasando de mano en mano sin registrar las transferencias y en el mejor de los casos, con una S.T. 08 firmada por el titular. Fue un arduo trabajo de años, empezando con las modificaciones introducidas por la ley 22977, que nos trajeron hasta la actualidad donde prácticamente nadie compra un automotor y no registra la transferencia. Donde luego de entregar la posesión los titulares efectúan la Denuncia de Venta. Donde los compradores piden previamente un informe de dominio y controlan las deudas de impuesto a la radicación e infracciones. Después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo y estudio puesto para generar normas y condiciones que estimulen la inscripción de las transferencias hoy se quiere volver al punto de inicio, a la concentración de los trámites en la Dirección Nacional, a revivir el “trámite del arbolito”. Algunas cosas que nos son dadas, que conocemos desde siempre de una manera, nos generan la falsa sensación de que son “condiciones dadas naturalmente” Grave error que nos impide reflexionar sobre todo aquello que ocurrió previamente, de todo los que otros hicieron y hacen para que existan esas “condiciones dadas” La energía eléctrica, el agua que surge abriendo la canilla, los alimentos al alcance de la mano, todo eso es fruto del trabajo e ingenio de otros. Hay que saber valorarlo y cuidarlo.
Ahora bien, ¿Qué podemos hacer para mejorar el sistema y a la vez revertir la imagen que tiene la comunidad del sistema? Abaratarlo es una decisión que pesa sobre los gobiernos provinciales y en todo caso el Ministerio de Justicia en la medida que se puedan garantizar los fondos para sostener el sistema. Creo que desde el propio sistema registral, entendiendo como tal a la Dirección Nacional y a los Registros Seccionales tenemos bastante para aportar. Ante todo, sería útil mejorar los canales de comunicación con los usuarios generando un sistema de asesoramiento ágil y efectivo. Que no nos vean ya como un obstáculo sino como una ayuda. También creo que una de las claves es dotar a los Encargados de un mayor poder de decisión. Si repasamos el Digesto de Normas Técnico-Registrales, vemos que los trámites se parecen más a un recorrido previamente pautado que se debe transitar, como un laberinto con entrada y salida que si se acierta con el recorrido, el resultado es positivo. Es decir, la decisión de cuándo un trámite está en condiciones de ser inscripto parece haberla tomado el redactor de la norma mucho antes que la petición se formule y no el funcionario a cargo con facultad inscriptoria. Esto no deja de ser cómodo para algunos, les quita responsabilidad y trabajo intelectual, pero muchas veces lo aleja de un buen servicio. Este modo de legislar también tiene su origen en el “inicio de los tiempos” cuando los Encargados eran muchas veces simples idóneos en la materia, las comunicaciones eran escasas y la uniformidad de criterios era un valor porque garantizaba que no se cometieran despropósitos en materia registral. Hoy los Encargados son profesionales, sus conocimientos son evaluados en un concurso y tiene a su disposición un sinnúmero de canales de comunicación para despejar cualquier duda que pueda surgir. Resulta también imperioso modificar la normativa referente a los controles impuestos por la UIF. Hoy es el principal motivo de observación de trámites, por lo general en cuestiones que no hacen al objetivo buscado.
Por otro lado, la función de contralor de la DN se resume en controlar si el camino está bien recorrido. Pero este control es totalmente objetivo, no hay matices ni condiciones que lo modifiquen. Si en un Registro se hacen 999 envíos de legajo en término y uno fuera de término, este será el único que conste en una auditoría. Eso genera la sensación que todo lo que se haga bien, todo esfuerzo es absolutamente indiferente a la autoridad. Creo que es totalmente negativo trabajar así. Soy un firme defensor de la idea que las normas técnico-registrales no deben señalarnos caminos sino objetivos. El funcionario a cargo debe saber que para transferir un bien debe contar con la manifestación de voluntad de su titular, que este debe ser capaz. Que no deben existir restricciones o medidas cautelares sobre ese dominio etc. Debe saber que si se presenta un cambio de motor debe acreditarse el origen de la pieza, debe conocer las reglas sobre representación de las personas jurídicas, debe conocer los requisitos de un contrato de garantía prendaria y así tantas otras cosas. Es su responsabilidad que esos extremos se cumplan, es su responsabilidad garantizar la seguridad de los derechos que le son confiados. Cómo lo hace, debería ser parte de su ámbito de decisión. Sé que algunos colegas no comparten esta visión y quizás tengan razón. Pero veo que en la tarea diaria muchos ven restringida su capacidad de resolver positivamente situaciones no previstas porque el corset normativo no lo permite. En lo personal, creo que sería muy beneficioso para todos, funcionarios y usuarios, tener más libertad para decidir y asumir las responsabilidades que ello conlleva. Que el funcionario, al tiempo de resolver, no tenga en mente la posibilidad de una sanción sino el mejor servicio público que pueda brindar. Esto requiere una profunda modificación de la normativa, pero sobre todo un acuerdo entre la autoridad de aplicación y los funcionarios a cargo de los registros para generar un profundo cambio en el modo de llevar adelante las tareas que son propias de cada uno, con el objetivo de mejorar nuestras prestaciones, de facilitar al máximo el acceso al sistema, sin abandonar la seguridad que ha sido nuestro mayor logro.
